¿El PP de Altea ha gobernado de manera diferente a como lo ha hecho el PP en la Comunidad Valenciana?
¿Los índices de endeudamiento, paro, carencias en los servicios sociales básicos son diferentes en Altea o estamos en la misma situación que el resto de los valencianos?
¿ El PP de Miguel Ortiz ha gobernado ”en coalición con los alteanos, sin intermediarios”,como dice él mismo, o al servicio de determinados intereses muy particulares haciendo de intermediario para que aumentaran sus beneficios, como pensamos algun@s?
¿Hay que callar las faltas de los políticos que nos han gobernado porque son “gent del poble”, pese a los abusos de poder que en muchos casos ha rallado la ilegalidad?
Los escándalos de corrupción en el que están inmersos los dirigentes del PP valenciano, que cuenta con más de 250 imputados, han salpicado a los principales cargos políticos de nuestras instituciones, desde la Generalitat a los principales Ayuntamientos, pasando por las tres Diputaciones. El caso Rus, presidente de la Diputación valenciana, el último que ha salido a la luz, muestra en conversaciones grabadas, como se concedían contratos a determinadas empresas a cambio de “mordidas”, sobornos, de los cuales una parte iba a la financiación ilegal del partido y otra a los bolsillos de sus dirigentes. Los casos son innumerables: Naseiro, Terra Mítica, IVEX, Gürtel, Brugal, Emarsa, Sedesa, Naranjax, Cooperación…en todos ellos se muestra el hecho de estar en política para forrarse, sin abstenerse de esto por ninguna consideración de tipo ético o moral. No les ha importado orquestar un saqueo institucionalizado de lo público, lo que es de tod@s, ni que el dinero a invertir se retrajera de la atención debida a nuestros mayores, a los dependientes, a los niñ@s de nuestras escuelas o las personas damnificadas por el terremoto de Haití, ni siquiera les importó convertir la visita del Papa a Valencia en un chollo para engordar sus bolsillos, mientras trataban de ocultar y restar importancia al accidente de metro, sucedido pocos días antes, donde 43 personas murieron y 47 quedaron heridas, y acallar a los familiares de las víctimas, que han sufrido todo tipo de menosprecios por parte de la Generalitat, pese a su resistencia ejemplar para que no caiga en el olvido uno de los mayores accidentes que ha sucedió en Europa.
EL Bigotes aparece en el margen izquierdo, y Rajoy rodeado de los que llegaron a ser imputados La Comunidad Valenciana ha pasado en la última década de ser una de las zonas más ricas de España a ocupar los puestos de cola en índices de desarrollo económico y bienestar social. La mala gestión, el derroche irracional y la corrupción institucionalizada por los diversos gobiernos del PP nos han llevado a tener la mayor deuda pública en relación al PIB de todas las comunidades autónomas, a tener uno de los índices de paro y de personas al borde de la exclusión social más altos del estado, mientras que nuestros servicios sociales básicos (Sanidad, Educación, Atención a la dependencia y la discapacidad) son de los más deficientes, pues están entre los que más recortes han sufrido.
Podemos hablar de una putrefacción similar en Altea, donde solo hay unos pocos casos judiciales que permanecen en el limbo jurídico. Todo sigue estando aquí bajo el rótulo de presuntos casos de abuso de poder, pero algunos medios de comunicación no han dejado de publicar lo que parecen ser irregularidades en una gestión que nuestro actual Alcalde, esperemos que por poco tiempo, pretende presentar como intachable. Podemos encontrar en la situación de El Charco un resultado de una gestión que sirve de metáfora a una forma de gobernar. El PP alteano se puso las medallas por el inicio de las obras, pero la empresa a la que se concedió las obras, CYES, que aparecía vinculada a la financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel, suspendio pagos unos meses después de iniciadas las obras, legandonos un problema tanto paisajistico como de salud pública a Altea del que nuestro Ayuntamiento ya no quiere saber nada.

Hemos tenido que tirar de hemeroteca para volver a poner luz sobre las sombras de una gestión que Miguel Ortiz y su equipo pretenden hacernos olvidar gastando sus habituales sonrisas y don de gentes en los almuerzos, comilonas y meriendas que organizan para diversos colectivos de alteanos, al más puro y rancio estilo caciquil. Hasta tenemos todo el pueblo levantado por obras en plena campaña electoral, aunque ya haya comenzado la campaña turística. ¿A quién se le ocurre o es que nos toman por idiotas?
Video ¿A quién se le ocurre?
Vídeo de Miguel Ortiz quejandose de las obras realizadas con el Plan E la pasada legislatura, antes de las elecciones.
El PP es el partido que más tiempo ha gobernado en nuestra localidad desde los años 90. Miguel Ortiz ha sido alcalde casi sin interrupción. Ha sido alcalde entre 1991 y 1992, de 1995 a 2007, y desde 2011 hasta hoy. En el periodo de 1992 a 1995 gobernó el CDS y del 2007 a 2011 gobierno el PSOE en coalición con el Bloc-Compromís y CIPAL. Pese a lo esperable tras las elecciones municipales de 2011 un CIPAL, que se presentaba como un partido progresista y ecologista, reforzado en número de votos, la mayoría provenientes de antiguos votantes del PSOE, facilitó de nuevo el gobierno municipal al PP, prefiriendo no conformar gobierno con sus anteriores socios. ¿De quién pues puede ser la responsabilidad de la astronómica deuda y los problemas que pesan sobre Altea?
La deuda viva de Altea, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda asciende a 21.865.000€ a 31/12/2013. Dentro de esta cantidad no está incluida la deuda que reclama el grupo inmobiliario de Ballester, 14.500.000€, por los gastos ocasionados a este grupo inmobiliario por las inversiones que hizo en el plan de urbanización de los aledaños del río Algar. El Ayuntamiento de nuevo en manos del PP, gracias a su pacto con CIPAL, tiene la intención de pagar al grupo inmobiliario Ballester, al menos 7,5 millones de euros.
Desde el equipo de gobierno se ha dicho en los medios de comunicación que han conseguido rebajar la deuda existente en 10 millones de euros, pero cuando preguntamos desde Altea amb Trellat cómo se había hecho esto, a través de la campaña QUEREMOS SABER, no se nos ha podido aclarar del todo cómo se ha hecho. El informe transmitido por el ineterventor a la pregunta que presentaron más de 50 personas residentes en Altea mediante estancia ante el Ayuntamiento, nos informaba que los importes del endeudamiento, tanto a largo plazo como a corto plazo, hasta el último ejercicio cerrado, el ejercicio 2013, son los que se muestran en el siguiente link:
Informe del intervención de Altea como respuesta a la campaña Queremos saber
La deuda comercial y con proveedores se había transformado a partir del 2011 en deuda a largo plazo, bajando a raíz de esto el importe de la deuda total ligeramente, que se situaba en 2013 en 32.169.479,04€, lo que nos hace sospechar que la bajada de la que presume el gobierno de PP-CIPAL se ha fruto o bien de la ingeniería y maquillaje financiero, o bien de una quita del gobierno central mediante el plan de pago a proveedores, antes que a la gestión realizada desde el Ayuntamiento.
Las cifras de paro y del mercado de trabajo en Altea, pese a que cada vez que bajan por motivos estacionales, se presente como un éxito de la gestión del gobierno municipal, están cerca de las 2000 personas, desde que estalló la crisis el paro se incrementó año a año, estabilizándose en torno a 2000 personas y apenas ha bajado, salvo en las temporadas de mayor afluencia de turismo, pero incluso aquí, el número de afiliados a la seguridad social no se incrementa sustancialmente, lo que muestra que muchas de las que consiguen un trabajo temporal lo hacen en negro. La precariedad laboral y las personas amenazadas por la exclusión social han aumentado en los últimos años.
Pelotazos urbanísticos y presuntos abusos de poder en los que está implicado el Ayuntamiento de Altea presidido por Miguel Ortiz según ha aparecido publicado en determinados medios de comunicación.
Eduardo Zaplana, en su época como Presidente de la Generalitat valenciana hizo de mediador entre Julio Iglesias, al que la Generalitat regaló 990 millones de pesetas (5,95 millones de euros) a raíz de dos contratos firmados en diciembre de 1997 con el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), por promocionar a la Comunidad Valenciana, y los hermanos Ballester, promotores urbanísticos, que ya había estado vinculados gestión del parque de Terra Mítica, llegando incluso a presidirla Andrés Ballester, para realizar una serie de pelotazos urbanísticos en Altea, con el beneplácito del gobierno municipal del PP, presido por el alcalde Miguel Ortiz, que a partir de aquí comenzó a escalar posiciones dentro del PP tanto a nivel provincial, como autonómico.

Como relataba la revista Interviu en su artículo La construcción de lujo (Fecha:12/03/2007), el cantante Julio Iglesias fue uno de los nombres ilustres que aparecían en el consejo de administración de la sociedad Altea Futura. El cantante unió sus negocios inmobiliarios al Grupo Ballester, Grupo Lladró y otros socios de la alta alcurnia. La primera promoción de viviendas con capital del artista se llamó Villa Gadea. Andrés Ballester y Julio Iglesias se reunieron en 1999 en una comida en el Hotel Altea Hills –construido por Ballester– que marcaría el inicio de sus relaciones empresariales. A la comida acudió también un comensal de excepción, Eduardo Zaplana. ¿Estuvo también nuestro alcalde?
El Ayuntamiento de Altea bajo la alcaldía de Miguel Ortiz se ha dedicado a aceptar en su integridad la propuesta presentada por las diversas empresas de este grupo de promotores, pese a que las relaciones entre el Ayuntamiento de Altea y el Grupo Ballester han tenido que pasar en diversas ocasiones por los tribunales, a veces con resultado desfavorable para ambos.
Villa Gadea había sido una zona boscosa junto al mar que había servido de esparcimiento tradicional para los habitantes de Altea, donde se reunían en fechas señaladas, en esta se instaló un hotel de lujo del grupo Ballester y una urbanización. Altea Hills es una urbanización que se construyó sobre la ladera de la montaña más cercana a Altea, y los Altos del Mascarat, también era un paraje de alto valor ecológico, que ha acabado siendo urbanizado.
La gota que colmó el vaso del malestar popular ante esta situación fue el caso del intento de urbanizar los aledaños del río Algar. El Ayuntamiento de Altea y la Generalitat Valenciana en 2007 dieron el visto bueno al proyecto Puentes del Algar. Julio Iglesias y el Grupo Ballester promovieron a través de la empresa Altea Futura SL, 5.775 viviendas, un campo de golf y cuatro hoteles junto al cauce del río Algar. Los terrenos estaban en suelo agrícola no urbanizable, junto a un humedal protegido por su interés biológico y escaso de agua potable.
Como se relata en el artículo de Interviu De perdidos, al río (Fecha: 12/03/2007), el proyecto fue redactado por Ángel Pérez Iñesta, jefe del Departamento de Urbanismo y firmado por el alcalde de Altea, el popular Miguel Ortiz. El gerente de la constructora en el momento de la adjudicación fue José María Comín. El empresario era también responsable de Edificaciones Calpe, una de las cabeceras del Grupo Ballester. Además, Comín participaba en empresas como Mediterránea Blue Gate SL y Medinvest Consult. En la composición de las sociedades aparece también el técnico municipal de Altea, Ángel Pérez Iñesta, que tiene una habilitación municipal para compatibilizar su trabajo en el Ayuntamiento. Así, Iñesta emitía los informes jurídicos para el proyecto adjudicado a Altea Futura, controlada por uno de sus socios. Los informes técnicos eran elaborados por Ana Beltri, arquitecta municipal y también socia de Iñesta en la mercantil Ciudades y Programas SL.
El País, publico un artículo de Sergi Castillo en 2007 donde se hablaba de que Los responsables del urbanismo de Altea tienen negocios en proyectos que autorizan. El jefe del negociado asesora a empresas a las que después evalúa como técnico municipal-
Ángel Pérez Iñesta y Ana Beltri, como cuenta este articulo también fueron imputados en un proceso judicial, que al final no se instruyó, porque al parecer se llegó a un acuerdo con la empresa denunciante. Pero también han sido imputados por un presunto fraude a hacienda, como informaban J. Antonio Martínez / D. Coello el 30 de diciembre de 2013 en el Diario Información Un juez investiga la venta de suelo municipal de Altea a inversores rusos. La Fiscalía sostiene que se falsificó documentación contando con la participación de funcionarios del Ayuntamiento.
El Plan Parcial en el que se incluía la urbanización del río Algar al final no ha sido ejecutado pese a la voluntad manifiesta de llevarlo adelante por el Ayuntamiento gobernado por el PP. El PSOE en un principio apoyó la ejecución de este plan, pero posteriormente se puso en contra, debido a la marea de indignación popular que suscitó. La oposición a este plan fue liderada por representantes y simpatizantes en Altea de Ecologistas en Acción. El Bloc también encabezó la oposición tanto desde su representación en el Ayuntamiento, como a nivel popular, siendo la impulsora de las denuncias judiciales contra este plan Paca Sevilla. Esquerra Unida, aunque con escasa o nula participación en el gobierno municipal, también participó en esta lucha desde el principio. El PSOE más tarde, y posteriormente CIPAL tras su creación en 2007, también se manifestaron en contra.
El gobierno del PP gastó más de siete millones de euros aportados por la promotora Altea Futura, del grupo Ballester, para financiar varios proyectos, ingresó 1,2 millones para gastos corrientes, y otros 6 millones en el Palacio de Deportes, construido en tan sólo 153 días, poco antes de las elecciones municipales del 2007, como uno de los actos más de la campaña electoral del PP, pero aún así estas elecciones las perdió el PP. El Bloc condicionó el apoyo puntual para permitir que el PSOE llegará a la alcaldía, a que se impidiera que Ballester desarrollara este proyecto.
Este Plan finalmente fue anulado judicialmente. El Tribunal Supremo ratifico la anulación el 4 de diciembre de 2013 -que todavía estaba pendiente respecto a otro recurso de casación interpuesto en 2011 por la Generalitat Valenciana y la empresa Altea Futura, SA.- el fallo ya dictado en el verano del año anterior que anuló el PAI Puentes del Algar.
La persona responsable de los servicios juridícos del actual Ayuntamiento que tienen que llevar adelante el proceso judicial para evitar pagar la deuda al grupo Ballester, que suspendió pagos y está en concurso de acreedores. es Ángel Pérez Iñesta, el mismo que como jefe de los servicios urbanísticos de este Ayuntamiento estuvo, en su día , implicado en la elaboración del intento de pelotazo urbanístico de los puentes del río Algar. ¿Nuestro Ayuntamiento pretende pagar la deuda a los Ballester como si intentarán no pagarla?
El alcalde Miguel Ortíz también ha sido salpicado por algunos escándalos relacionados con la presunta contratación irregular, que también parece haber sido habitual bajo su gobierno, como recogía el artículo de Interviu: Negocios de familia el Ayuntamiento financió una empresa de Televisión local dirigida por la hermana del propio alcalde, a través contratos fraccionados para eludir la ley. En este artículo también se habla de alguien que fue inseparable de Ortiz, del conocido Jacinto Mulet, que siendo Concejal de urbanismo, defendió un Plan Parcial en Mascarat del que se benefició la constructora de su hijo. Además, Miguel Ortiz aparece en los papeles de Barcenas, por haber donado 6.500 € a la campaña electoral del PP. EUPV de Altea pidió, en junio 2013, su dimisión si no podía aclarar la procedencia de este dinero.
Cuando Juaquín Ripoll tuvo que dimitir como presidente de la Diputación de Alicante. por su imputación en el caso Brugal, para pasar a convertirse en presidente del puerto de Alicante, otro lugar que podía `propinarle ingresos ilimitados, no penso en nadie mejor para subsutituirle como presidente del PP provincial que en Miguel Ortiz.
Hay una clara responsabilidad política del PP de Altea en la creación de la deuda astronómica que soporta nuestra localidad. Como decía CIPAL, antes de permitir formar gobierno de nuevo a Miguel Ortiz en 2011, tras conocerse la auditoria financiera de 2005 hasta junio de 2007:
"En la época de mayores ingresos económicos del Ayuntamiento, cuando más se construía en este pueblo, el anterior equipo de gobierno no aprovechó para invertir en servicios y mantenimiento (zonas verdes, asfaltado, depuradoras, limpieza, etc... ) ni tampoco para ahorrar. Cada uno que saque sus conclusiones sobre lo que ha pasado en estos años."
Para Altea amb Trellat es patente que determinadas personas del PP alteano desde el control que han tenido del Ayuntamiento han favorecido diversos proyectos de pelotazos urbanísticos que quisieron asegurar hipotecando a Altea, mediante proyectos faraónicos, que beneficiaban a los mismos empresarios que urdieron estos planes. En la auditoría realizada durante la pasada legislatura, donde la alcaldía estuvo en manos del PSOE, se calculaban 28 millones de euros de déficit. Una deuda ilegitima que ha subido en los ultimos años hasta alganzar m´´as de 30 millones, aunque ahora el actual gobierno municipal del PP nos dice que gracias a su labor ha reducido, pero que, al fin y al cabo, tendremos que pagar entre todos los alteanos.
Desafortunadamente el PSOE en el gobierno municipal no utilizó los datos de la auditoría financiera que se realizó bajo su gobierno y su acceso a las cuentas para interponer las demandas judiciales que hubieran sido necesarias, contentándose con reclamar responsabilidades políticas que cayeron en saco roto. Lamentablemente entre los partidos de la oposición al PP ha habido pocas personas con la valentía suficiente, con la excepción de Paca Sevila, para dar el paso de denunciar a nivel judicial, pese a que de manera reiterada no se habían asumido responsabilidades políticas de ningún tipo. Al parecer se ha producido la ley de la Omertà siciliana –ley del silencio- que interpretándola al modo alteano, reclama Jesús Ballester -Secretario General del PP de altea- desde las páginas del último ejemplar de Altea Diario:
…“la línea roja en la política municipal la marcan las personas. Porque tu adversario hoy, te puede tocar al lado en un banquete mañana, compartir mesa en una cena de amigos o por ejemplo, ayudarte cuando tú, tu padre o cualquier familiar este enfermo y necesite de esa ayuda. En política municipal y más en un pueblo como Altea, casi todos nos conocemos, compartimos familias e historias, fiestas, reuniones y tantas cosas que es imposible eliminar de un plumazo, que jamás se debe traspasar esa línea roja.”
Cuanto caciquismo y clientelismo finisecular esconden estas palabras, desde un gobierno que quiere poner las tradiciones y costumbres que le han beneficiado por encima de las leyes vigentes, para garantizar la total impunidad de sus integrantes, que se permiten el lujo de firmar cualquier Plan Anticorrupción o por la Transparencia, como si lo que se intenta evitar con estos documentos no fuera con ellos.
Y para acabar refirámonos a la última gran cacicada, en febrero, a tres meses de las elecciones, el PP con apoyo de CIPAL aprobaba en pleno convertir los sobresueldos por productividad, nunca justificados, pero percibidos en salario fijo para determinados trabajadores del Ayuntamiento, quizá para que pasase lo que pasase pudieran seguir controlando su funcionamiento. Justificaron esta subida salarial para toda la vida, en un informe jurídico realizado por una empresa que contrataron para tal menester, pese a la oposición del resto de partidos y de los sindicatos. El despropósito jurídico ha sido tal que el propio Gobierno central ha tenido que intervenir anulando la decisión del Pleno del Ayuntamiento.
Ver para creer…¿Hasta donde pueden llegar las hazañas de Miguel Ortiz y su equipo si nos siguen gobernando ?
Nuestro Ayuntamiento necesita sanear sus cuentas, y esto pasa por una Auditoria Ciudadana de la deuda, que establezca quienes son los responsables de su creación y que exija las responsabilidades tanto políticas como jurídicas que correspondan.
Es hora de una nueva política, que cree mecanismos concretos de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas como garantía de una gestión transparente del dinero de tod@s por los representantes públicos y de la busqueda del bien común, basado en la justicia social y una economía innovadora, sostenible y cuidadora de nuestro entorno ambiental y paisajistico capaz de crear una riqueza bien distribuida y empleo estable.
Es la hora de la gente, con inteligencia práctica y sentido común, Sí SE PUEDE.
Este artículo es un homenaje a Pilar Mesonero y a Francisco Hernández por todos los malos tragos que han tenido que pasar por tener la valentía de mantener su dignidad y no inclinar sus cabezas ante Miguel Ortiz y su sequito, ante la indeferencia de muchos y el menosprecio de otros.


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